El pasado 1 de julio entraba en vigor la reforma del Código Penal que, por primera vez en la historia, contemplaba de manera específica los delitos patrimoniales cometidos en explotaciones agrarias y ganaderas. Los agricultores cogieron con satisfacción el endurecimiento de las penas por delitos cometidos en el ámbito rural, ya que los hurtos pasan a ser delitos leves en vez de faltas como se consideraban antes, al entender que este cambio supondría un freno a la delincuencia en el campo. Pero nada más allá de la realidad. De hecho, la provincia de Sevilla ha registrado desde principios de julio más de 80 denuncias por robo en explotaciones agrarias, según denuncia Asaja Sevilla, que lamenta que «no son todos los que se producen, pues aún sigue habiendo muchos delitos que no se denuncian, por lo que las estadísticas finales son aún más alarmantes», señala el asesor jurídico de la patronal agraria, Felipe Gayoso, a quien ha entrevistado la periodista Inma Lopera para ABC de Sevilla.
Adjuntamos el artículo completo, donde la periodista informa de las zonas de la provincia que se están viendo más afectadas por los robos en los dos últimos meses y sobre las consideraciones de ASAJA-Sevila al respecto.