La crisis generada por el COVID-19 está produciendo situaciones dramáticas en muchas de las producciones ganaderas de nuestro país, fundamentalmente derivadas de la práctica paralización de la actividad del canal HORECA, que era el que absorbía la mayor parte de estas producciones.

La situación en el campo es insostenible. Y no lo dicen sólo ya los agricultores, quienes desde hace semanas vienen movilizándose en distintas ciudades españolas bajo el lema de «Agricultores al Límite». Lo avala la evolución de los precios y de los «inputs» agrarios.

Como publica la periodista Inma Lopera en ABC, la crisis por la que atraviesan los productores de alimentos es compleja, y aunque la conforman distintas ramificaciones, el tronco central es una vieja reivindicación del sector. Aquella que reclama precios justos por sus productos, pues lo que se les paga hoy día no les da para vivir.

Hacía 20 años que el campo sevillano no salía a la calle para protestar bajo la unidad de acción. Las últimas movilizaciones convocadas por todas las organizaciones profesionales agrarias se produjeron en el año 2000, cuando los agricultores sevillanos manifestaron su repulsa a la subida de los costes de los inputs agrarios y a la bajada de los precios en origen.

El pasado ejercicio no fue un buen año para el campo. Como publica la periodista Inma Lopera en ABC, prueba de ello es que en 2019 la renta agraria cayó casi un 9%, hasta alcanzar los 26.179 millones de euros, según estimaciones del Ministerio de Agricultura.

A nivel regional, pocos son los cultivos que han tenido un buen comportamiento, ya que la inmensa mayoría han sufrido los azotes de la inestabilidad climática y de las barreras comerciales que, con el añadido de otros problemas de carácter agronómico, han motivado el hundimiento de los precios en origen.

El Comité Ejecutivo de ASAJA-Andalucía, reunido en sesión extraordinaria, ha respaldado unánimemente la convocatoria de una campaña de protestas conjuntas en las ocho provincias andaluzas para demandar respuestas y soluciones al Gobierno de España, que hasta ahora se ha limitado a girar la cabeza y mirar para otro lado.

Los agricultores se despiden de un año marcado, a grandes rasgos, por la incertidumbre y la inestabilidad, tanto en el ámbito climático (sequía y efectos de la DANA), político (cambios de gobierno a nivel europeo, nacional y autonómico) y comercial (Brexit, Mercosur, política arancelaria, etc.).

Como publica la periodista Inma Lopera en ABC, esta «inseguridad» ha tenido un reflejo en los distintos sectores agrarios y ha afectado al conjunto de la actividad, siendo la primera consecuencia la caída de la renta agraria un 8,6%, hasta alcanzar los 26.179 millones de euros, según estimaciones del Ministerio de Agricultura.

La falta de lluvia ha marcado las distintas campañas agrícolas, «estando aún la sequía muy presente en el campo, pese a que la situación se ha aliviado levemente con las lluvias de las últimas semanas», destaca en ABC el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín. Una sequía que «ha hecho mucho daño a la cosecha de los cereales de invierno, especialmente a las producciones de secano, donde los rendimientos han bajado hasta un 30%».

Adjuntamos el artículo completo de ABC

La provincia de Almería acogió el pasado viernes la reunión del Comité Ejecutivo de ASAJA-Andalucía, en la que se analizó en profundidad la evolución de los precios experimentada por el aceite de oliva, a pesar del anuncio efectuado por Bruselas de autorizar el almacenamiento privado, y en este sentido, los representantes provinciales consideraron un verdadero desastre la primera licitación de almacenamiento privado hecho público el pasado jueves, en la que sólo se han aceptado 3.650 toneladas de las 113.000 ofertadas. Por ello se pide apoyo a la Administración para llegar al punto de encuentro tan necesario para que sea efectiva esta medida y conseguir llegar a los volúmenes de almacenamiento acordes con las necesidades actuales del sector.