El Ministerio de Agricultura continúa trabajando en la articulación de medidas de autorregulación para el sector oleícola con el objetivo de evitar los dientes de sierra y poder alcanzar una estabilidad en los precios del oro verde sin vulnerar las normas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Como informa la periodista Inma Lopera en ABC, en la última reunión de la mesa sectorial, celebrada el pasado jueves 27 de abril, se puso de manifiesto el temor a que «un nuevo récord de cosecha vuelva a hundir los precios por debajo de los costes de producción, tal y como ocurrió en la campaña 2011-2012», señala en ABC, el responsable de cultivos herbáceos de ASAJA Sevilla, José Vázquez. El olivar presenta una gran variabilidad de producción debido, entre otras razones, a la vecería y a la gran dependencia de las condiciones climáticas, ya que más del 71% de la superficie de olivar español es de secano.

Los agricultores de la provincia de Sevilla continúan mirando al cielo a la espera de unas lluvias que, a corto plazo, no tienen intención de aparecer. Como informa la periodista Inma Lopera en ABC, la situación en el campo «empieza a ser muy preocupante», pues «la combinación de la falta de agua, las altas temperaturas y los fuertes vientos suponen un cóctel explosivo que está afectando a los cultivos de secano, a la arboleda y a los pastos», según manifiesta en ABC el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, quien añade que «si no llueve en la próxima semana o quince días, la situación puede llegar a ser de alerta máxima».

Da igual a qué representante de la sociedad civil u organización empresarial se le pregunte sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, la respuesta es la misma: la Junta de Andalucía tiene que bonificarlo al máximo y el Estado, abolirlo.

Así, lo resume en el artículo de ABC que adjuntamos el periodista A.R. Vega, quien informa sobre las conclusiones a las que llegaron el pasado viernes, 21 de abril, los participantes en el desayuno-coloquio coordinado por la agencia de noticias Europa Press en el bufete de abogados A. Rozados & Asociados, entre ellos ASAJA-Sevilla, junto a otros responsables de instituciones empresariales de diversa índole (Asociaciones de Trabajadores Autónomos y de Empresa Familiar), profesionales del ámbito jurídico y miembros de la sociedad civil como el presidente de la plataforma de afectados Stop Impuesto Sucesiones.

Tras el visto bueno del Consejo de Ministros y de la Comisión Europea, los agricultores andaluces están esperanzados en que el Parlamento Europeo tumbe la prohibición de usar productos fitosanitarios en las Superficies de Interés Ecológico (SIE), uno de los compromisos a cumplir por todos los agricultores con más de 15 hectáreas que opten a cobrar las ayudas del pago verde, tal como informa la periodista Inma Lopera en ABC.

Esta prohibición propuesta por la Comisión con el objetivo de simplificar la PAC actual está todavía «en fase de aprobación», por lo que Asaja Sevilla confía en que «el Parlamento atienda las demandas de los productores, pues está claro que desde un punto de vista agronómico es inviable el desarrollo de los cultivos fijadores de nitrógeno como la alfalfa o el garbanzo sin el uso de productos fitosanitarios», explica en ABC el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro.

A igualdad de parentesco, la diferencia en la factura del impuesto de sucesiones y donaciones puede ser importante en el campo andaluz. Como publica el periodista A.R. Vega en ABC, si el padre cede en vida las tierras de labranza a sus descendientes mediante un contrato de arrendamiento --una práctica habitual cuando se acerca la edad de jubilación--, sólo el hijo que se dedica a la agricultura puede beneficiarse de la reducción del 99% en la liquidación.

España, con el consenso de Francia y Alemania, ha llevado a la última reunión del consejo de ministros de la Unión Europea (UE), como publica la periodista Inma Lopera en ABC,  una propuesta para que en la revisión del reglamento conocido como «Ómnibus», antesala de los acuerdos sobre los que se asentará la nueva PAC post 2020, se incluya una nueva definición de pastos permanentes que contemple las particularidades del ecosistema productivo de la dehesa, mejorando así el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP), por el que se determina el terreno considerado como pastable a efecto de la percepción de ayudas europeas.

El pleno del Parlamento andaluz votará esta semana, según está previsto, la Proposición de Ley de Regulación de los Senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un texto que de momento «no reconoce que el uso más tradicional de los senderos públicos es el agrícola, ganadero y forestal», tal y como reivindica Asaja Andalucía en ABC  y publica la periodista Inma Lopera.

El director general de la patronal agraria, Vicente Pérez, señala que los agricultores y ganaderos, que son los que ocupan la mayor parte del territorio rural, «son los verdaderos usuarios de los caminos y las vías pecuarias». Estas vías, declara, «son la red que une los territorios más alejados de las ciudades y pueblos, y son las que utilizamos los agricultores y ganaderos para poder llegar a nuestro trabajo, así como para poder movernos entre las diferentes parcelas o trasladar a nuestro ganado entre las diferentes zonas. También las utilizamos para transportar nuestros inputs a nuestras explotaciones (fertilizantes, semillas, etc.) y, por supuesto, para llevar al mercado nuestras producciones bien sea en coches, camiones o tractores».