En el apartado Tierra y Vida de esta página web tienes disponible el último número de nuestra revista (446), correspondiente a los meses de Septiembre y octubre, en el que recogemos los asuntos más interesantes sucedidos durante los dos últimos dos meses.

El Parlamento Europeo, en su reunión extraordinaria celebrada el pasado 24 de julio, tras la adopción por parte del Consejo Europeo del Marco Financiero Plurianual 2001/207 y el Plan de Recuperación, acordó en sus conclusiones que, si bien el acuerdo presupuestario era un paso positivo para el recuperación a corto plazo, los recortes en programas emblemáticos de protección del clima, transición digital, salud, juventud, cultura, investigación o gestión de fronteras, son inaceptables.

Según han informado algunos eurodiputados, el Parlamento Europeo estaría dispuesto a retener su consentimiento sobre el Marco Financiero hasta que se llegue a un acuerdo satisfactorio en las próximas negociaciones entre el PE y el Consejo. En este sentido, ASAJA ha estimado que el Marco Financiero acordado por el Consejo la semana pasada supone un recorte de algo más del 10% sobre el actual Marco Financiero 2014/20, casi unos 40.000 millones de Euros en todo el periodo. Con este recorte los agricultores y ganaderos españoles perderían más de 4.750 millones de euros en los siete próximos años. En el caso de Andalucía, se perderían 1.280 millones de euros en el periodo, y el recorte estimado para el campo sevillano asciende a 300 millones de euros, lo que supone 43 millones de euros anuales que dejarían de invertirse en la agricultura y en la ganadería de la provincia.

Con el objetivo de modernizar el parque de maquinaria agrícola y reducir las emisiones contaminantes en el campo, haciendo al mismo tiempo más segura la actividad agrícola, el Ministerio de Agricultura abrió el pasado 15 de junio las ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (Plan Renove) para el ejercicio 2020.

Agricultor, ingeniero agrónomo y presidente provincial y regional de la patronal agraria ASAJA. Es también presidente de la interprofesional Interaceituna y miembro del Comité Económico y Social Europeo. Ricardo Serra es uno de los principales interlocutores de los agricultores ante las instituciones comunitarias. No en vano, fue el primer representante agrario español en alcanzar la vicepresidencia del Comité de las Organizaciones Profesionales Agraria (COPA). Un bagaje que, como publica la periodista Inma Lopera en ABC, le da tablas suficientes para analizar el momento decisivo por el que pasa el campo, al albor de la negociación de la nueva reforma agraria que marcará la era post Covid-19. 

Soplan malos vientos para el campo español. La propuesta presentada por la Comisión Europea reduce las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027 en 35.000 millones de euros (un 9%). Esta reducción del presupuesto se ceba especialmente con España -uno de los países más agrarios de Europa-, que perdería 4.300 millones de euros. Se trata de un recorte inasumible para los agricultores y ganaderos españoles, que llevan años soportando una brutal crisis de precios y están, en muchos casos, por debajo del umbral de rentabilidad.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, anunció ayer en el Parlamento andaluz que su departamento tiene previsto ampliar en 7,2 millones de euros la partida contemplada para relevo generacional con el fin de atender todas las solicitudes de jóvenes agricultores aprobadas. Esta decisión permitirá que además de los 1.255 jóvenes que se beneficiaban del presupuesto inicial en la nueva orden de ayudas, se incorporen otros 129 que, pese a tener sus solicitudes aprobadas, inicialmente quedaban fuera.

La Comisión Europea ha hecho pública ya su primera propuesta de disposiciones transitorias de la PAC, que son cruciales para seguir contando con medidas de política agraria durante este periodo de transición a la espera de una nueva PAC post 2020. Y lo ha hecho sin tener en cuenta la mínima cortesía institucional, interfiriendo en los debates de dos órganos soberanos de la Unión como son el Consejo y el Parlamento.