En el apartado Tierra y Vida de esta página web puedes descargar el número 426 de nuestra revista, correspondiente a los meses de mayo y junio.

En este número informamos sobre las consecuencias de la sequía y las altas temperaturas, que han hecho mella en cultivos, pastos y arboledas y constituyen la principal fuente de preocupación de los agricultores y ganaderos andaluces que durante todo el mes de abril han vivido pendientes del cielo. Por ello, ASAJA ha solicitado ayudas excepcionales para una situación excepcional.

La adopción, por parte de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, del dictamen sobre el llamado Reglamento Ómnibus sobre la Revisión del actual Marco Financiero Plurianual que afecta a numerosos reglamentos comunitarios que rigen distintas políticas en la UE, entre los que se enmarcan los reglamentos relativos a la PAC, supone un paso importante para lograr adaptaciones y mejoras en el actual marco regulatorio de la Política Agrícola Común, sin tener que esperar a una reforma de la PAC, que se anuncia para más adelante.

La preocupación por la sequía y las altas temperaturas ha sido la nota dominante en todos los debates y todas las conversaciones mantenidas por los agricultores y ganaderos andaluces que han participado hoy en la Asamblea General de ASAJA-Andalucía celebrada en el Centro Guadiamar que gestiona ASAJA-Sevilla en Huévar del Aljarafe.

Tal y como expuso el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, “la combinación de falta de agua, altas temperaturas y vientos de levante está siendo letal para el campo”. Preocupa, por tanto, la falta de lluvias en abril, mes clave de un año agrícola que ya venía corto de agua, con un déficit pluviométrico de 100 litros/m2 en Andalucía. “No se está cumpliendo el refrán de ‘en abril, aguas mil´ y los cultivos están cogidos con alfileres; si en los próximos 10 ó 15 días no hay precipitaciones, la situación será mala o muy mala para los secanos, la arboleda y los pastos”, ha advertido Serra.

España, con el consenso de Francia y Alemania, ha llevado a la última reunión del consejo de ministros de la Unión Europea (UE), como publica la periodista Inma Lopera en ABC,  una propuesta para que en la revisión del reglamento conocido como «Ómnibus», antesala de los acuerdos sobre los que se asentará la nueva PAC post 2020, se incluya una nueva definición de pastos permanentes que contemple las particularidades del ecosistema productivo de la dehesa, mejorando así el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP), por el que se determina el terreno considerado como pastable a efecto de la percepción de ayudas europeas.

Bruselas ha impuesto una multa a once Autonomías, entre ellas a Andalucía, por contabilizar como superficies ganaderas, dehesas y montes o pendientes que la Política Agraria Comunitaria considera no admisibles. Es lo que se conoce como Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).

ASAJA-Sevilla afirma que debajo de las encinas el ganado come tres veces: el ramón, la bellota y la hierba y reclama a Bruselas que  contemple la diversidad de ganados y ecosistemas que se dan en la Unión Europea, ya que la aplicación del Coeficiente de Adminibilidad de Pastos está costando a Andalucía la pérdida de 50 millones de euros al año.

Como explica en Canal Sur TV el responsable de ganadería de ASAJA-Sevilla, José Manuel Roca, "se mete en el mismo saco a una cabra payoya que a una vaca francesa y eso es muy injusto porque no tienen un mismo aprovechamiento del matorral".

El ganadero Alfonso Martínez explica a Canal Sur TV que ha recurrido porque en su finca de 320 hectáreas ahora sólo cuentan como superficie ganadera 50 de ellas.

La aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) continúa dando quebraderos de cabeza a los ganaderos andaluces, preocupación compartida por la Junta de Andalucía, como explica en ABC la periodista Inma Lopera, tras la sanción de unos 263 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a España por no aplicar correctamente esta normativa en el período 2009-2013.

Según Bruselas, el conocido como CAP se ha incorporado al ordenamiento jurídico nacional «tarde y mal», y de ahí que haya impuesto esta corrección financiera que afecta a las comunidades autónomas que incumplieron el coeficiente en los años 2009 al 2013, que son todas excepto seis: País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y Canarias.

Fiel a la palabra dada, el viceconsejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ricardo Domínguez, ha asistido esta semana a la reunión de la Junta Provincial y la Junta Directiva de ASAJA-Sevilla, tal como hiciera hace ahora un año, a los pocos días de tomar posesión de su cargo. Entonces se comprometió a volver a reunirse con los órganos de Gobierno y seguimiento de ASAJA-Sevilla para recabar la opinión de los agricultores y analizar conjuntamente la marcha del curso agrario, y eso es lo que ha hecho esta semana.

El presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, quien agradeció la presencia del viceconsejero por segundo año consecutivo en este encuentro, ofreció un repaso previo de los asuntos de más interés del primer semestre de año, entre los que destacó la reactivación de la oficina de ASAJA en Bruselas, la aprobación hasta 2017 de la autorización para el glifosato, el reciente pronunciamiento de los 101 científicos galardonados con el Nobel a favor de los transgénicos, la aprobación por parte de la Junta de Andalucía del decreto Ley que mejora el impuesto de Sucesiones y Donaciones, un empeño particular de ASAJA-Sevilla, que ha promovido una intensa campaña para lograr que las explotaciones andaluzas se equiparen a las del resto de España; las consecuencias derivadas de la falta de agilidad en la aprobación de la normativa que regula en Andalucía la Inspección de equipos de aplicación de productos fitosanitarios (ITEAF), la próxima negociación del convenio colectivo del campo y el calendario para la renovación de los órganos de dirección de la asociación, entre otros asuntos.