El Consejo de Ministros aprobó ayer, 28 de febrero, los dos últimos reales decretos que completan el paquete normativo de acompañamiento para el desarrollo de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, y que se refieren a la mejora de las condiciones de bienestar animal en las granjas y a las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el plan estratégico.

Con la última subida del SMI pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos CCOO y UGT, el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado en 344 euros en los últimos cinco años, con el consiguiente incremento en las bases mínimas de cotización. A este disparado incremento de los costes salariales debemos añadir los incrementos de precios de prácticamente todos los bienes de producción (semillas, fertilizantes, abonos, piensos y, por supuesto, combustibles y energía). Con unos costes de producción desorbitados y sin margen de maniobra para poner precio a lo que los agricultores y ganaderos producen, la viabilidad del sector atraviesa un momento crítico y se dispara el número de explotaciones agrarias que se ven abocadas al cierre.

La propuesta de Plan Estratégico de la PAC que el Gobierno de España envió ayer a la Comisión Europea penaliza la diversidad productiva y supone un claro agravio para los agricultores y ganaderos andaluces que, si no se logra modificar y entra finalmente en vigor en 2023 tal y como ahora está redactada, perderán más 450 millones de euros en el quinquenio 2023-2027.

El documento que presentó el pasado martes en el Consejo de Ministros el titular de Agricultura, Luis Planas, y que ayer envió el Gobierno a Bruselas no refleja el planteamiento unánime que le ha trasladado Andalucía, región que cuenta con 230.000 agricultores y ganaderos, uno de cada tres de quienes desarrollan la actividad agraria en nuestro país, a quienes esta propuesta asesta un tijeretazo de más de 90 millones de euros anuales. Por lo que una PAC que no es buena para Andalucía, que no es buena para uno de cada tres agricultores españoles, no puede ser buena para España.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado adherirse a la nueva declaración institucional de Andalucía sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) firmada el pasado jueves 14 de octubre por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Andalucía (ASAJA-Andalucía), la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG-Andalucía), Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-Andalucía).

El acuerdo entre la UE y el Gobierno de EE.UU. para dejar en suspenso los aranceles impuestos a los productos agroalimentarios de los países europeos miembros del consorcio Airbus supone una excelente noticia para los productores sevillanos y andaluces de aceite de oliva y de aceituna de mesa, dos de los sectores que más han sufrido en los dos últimos años por la imposición del arancel adicional del 25%.

El Gobierno de Andalucía y las organizaciones agrarias representadas en la Mesa de Interlocución (ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía) han acordado emitir un comunicado de prensa conjunto para mostrar su total rechazo ante el inadmisible e injusto recorte del 9% de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) propuesto por la Comisión Europea para el periodo 2021-2027, máxime en unos momentos de pérdida de rentabilidad en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

El Comité Ejecutivo de ASAJA-Andalucía, reunido en sesión extraordinaria, ha respaldado unánimemente la convocatoria de una campaña de protestas conjuntas en las ocho provincias andaluzas para demandar respuestas y soluciones al Gobierno de España, que hasta ahora se ha limitado a girar la cabeza y mirar para otro lado.