Ante la grave situación por la que atraviesa el sector agrario en nuestro país y en unión con las organizaciones profesionales agrarias y los agricultores de toda España
La aprobación inmediata de un ambicioso Plan de Choque para la agricultura y la ganadería y un cambio en el rumbo en las políticas agrarias de la UE, principales demandas del sector
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, en unidad de acción con las organizaciones agrarias a nivel nacional, han convocado ya en Jaén y lo harán en esta misma semana en Sevilla a los agricultores y ganaderos andaluces a manifestarse el próximo 14 de febrero y cortar la A4 al norte, en la provincia de Jaén, y al sur en la provincia de Sevilla en demanda de un ambicioso Plan de Choque para el sector y un cambio de rumbo en las políticas agrarias de la UE.
Estos son los principales asuntos que demanda ASAJA: motivos de preocupación y las demandas del sector agrario.
Ese mismo día está previsto que se desarrollen también tractoradas y movilizaciones agrarias en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, en cumplimiento del acuerdo alcanzado por las organizaciones agrarias a nivel nacional el pasado 30 de enero para poner en marcha un calendario de movilizaciones por todas las comunidades autónomas.
En la provincia de Jaén, el corte de la A4 tendrá lugar a la altura del Polígono Industrial Guadiel, en el término municipal de Guarromán (entre los puntos kilométricos 288-286); mientras que en la provincia de Sevilla el corte en la AP-4 y en la N-IV tendrá lugar a la altura de la salida de Los Palacios y Villafranca.
Entre otras cuestiones, desde ASAJA-Andalucía, en unión con el resto de organizaciones agrarias y cooperativas demandamos la revisión del Pacto Verde europeo, que obliga a abandonar tierras en producción, a reducir drásticamente fitosanitarios, zoosanitarios y fertilizantes y ataca el consumo de carne; y nos manifestamos en defensa de un modelo en el que prevalezca la alimentación y la sostenibilidad económica de los agricultores.
Pedimos también que se revisen los acuerdos comerciales, que se exija el incremento de las medidas de control en frontera y que se introduzcan cláusulas espejo, para exigir reciprocidad a las producciones de terceros países.
Demandamos que se salvaguarde la PAC y se refuerce su presupuesto (sin los agricultores en el campo no hay comida en la mesa).
Plan de choque nacional
En paralelo a estas medidas de carácter comunitario exigimos al Gobierno de España que presente urgentemente un Plan de Choque a nivel nacional que contemple la revisión del plan estratégico de la PAC nacional acorde a la realidad productiva de los distintos territorios, la simplificación administrativa para el agricultor y ganadero y reducción de la burocracia con la consecuente eliminación del cuaderno digital (como primera medida debe retrasarse hasta que se establezca obligatoriamente por la normativa UE).
Apostamos decididamente por el regadío, rechazamos su criminalización y exigimos su modernización, así como la optimización de los recursos hídricos y el incremento de la capacidad de embalse.
Exigimos cambios en la normativa fiscal y laboral para el campo, con una disminución de la presión fiscal que conlleve la modificación de los distintos regímenes fiscales para favorecer la actividad agraria. Asimismo, pedimos que se adapte la reforma laboral a la eventualidad y realidad existente en el campo, además de establecer compensaciones en la seguridad social para afrontar la nueva subida del SMI.
Dentro de este Plan de Choque, demandamos una partida presupuestaria de 1.500 millones de euros para los distintos sectores y cultivos, destinada a establecer medidas de apoyo ante la sequía y la subida de costes.
Demandamos el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria: nuestros precios se hunden y los costes de producción de los agricultores y ganaderos siguen sin cubrirse y, ante todo, exigimos la dignificación de nuestra profesión. Debe cesar de manera inmediata la campaña de acoso y derribo, así como la agresión y el desprestigio permanente de nuestra actividad por parte de las autoridades y los miembros del Gobierno.