España cuenta desde 2013 con una Ley de la Cadena Alimentaria que fue pionera en Europa pero que, por desgracia, se ha quedado muy lejos de lograr los necesarios y ambiciosos objetivos con los que se planteó. Del cumplimiento cabal de la citada Ley son responsables diversos organismos de la Administración central y periférica, si bien, hay uno que por su idiosincrasia tiene un papel fundamental. Se trata de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que es el principal garante del correcto cumplimiento de dicha norma.
Por tanto, ante la efervescencia del sector agrario y la reapertura del necesario debate sobre el desequilibrio del poder en la cadena y sobre los mecanismos de formación de los precios, consideramos que es un buen momento para hacer un repaso del estado de la cuestión y de la labor de la institución en los últimos cinco años.
Así, la propia AICA presentó durante la reunión de su Consejo Asesor el pasado 11 de febrero los datos de las inspecciones y sanciones correspondientes a los distintos sectores, referidas al año 2019 y al acumulado de los cinco años de vida de esta Agencia.
Por sectores destacan las inspecciones en frutas y hortalizas, vino, lácteos, aceite de oliva y sector cárnico, mientras otros sectores como los cereales, forrajeras, huevos y plantas industriales se sitúan a distancia de los primeros en el acumulado de inspecciones de oficio.
Inspecciones de oficio
El total de las inspecciones de oficio en el quinquenio considerado asciende a 4.264, de las cuales en 2019 se han realizado 211, lo que equivale a un 4,9%, siendo de nuevo el sector de frutas y hortalizas el más inspeccionado, seguido del vino y los lácteos.
Las inspecciones de oficio conllevan el control de las relaciones comerciales con otros operadores de la cadena alimentaria, sumando en 2019 un total de 1702 actos de comercialización inspeccionados, destacando una vez más las frutas y hortalizas, casi quintuplicando a los sectores lácteo y vino.
Denuncias por prácticas desleales
La AICA también puede actuar apoyándose en las denuncias presentadas por asociaciones de operadores económicos (como por ejemplo las organizaciones profesionales agrarias) o de consumidores, además de aquellas otras denuncias presentadas por personas físicas o jurídicas, sobre prácticas comerciales desleales o incumplimientos de los plazos de pago establecidos mediante la legislación actual.
Durante el pasado año se han presentado un total de 48 denuncias a la AICA, cifra que se eleva hasta 293 en el cómputo de las cinco campañas de existencia de la Agencia. De estas últimas 140 las han presentado organizaciones y asociaciones, es decir, casi la mitad de las mismas.
Las administraciones públicas de distintos ámbitos han denunciado en 83 ocasiones, mientras que los productores, aún siendo conscientes de que en ello les podía ir sus ventas futuras ante el temor a las represalias del operador acusado, lo han hecho en esos cinco años en 53 ocasiones. Todo esto nos indica que aunque la Ley 12/2013 de medidas para el reequilibrio de la cadena ha supuesto un avance en ese sentido en las relaciones comerciales entre eslabones de la cadena, el camino por recorrer todavía es largo si se quiere alcanzar que todos los miembros de cada uno de los eslabones pueda tener unos precios justos que le permitan vivir y con ello contribuir a mantener el tejido social de nuestro medio rural.
Una vez recibidas esas denuncias, las mismas son analizadas por la AICA para comprobar si los hechos denunciados se corresponden con incumplimientos de la Ley 12/2013, pero no sólo de la misma, porque en un 6% de ellas los hechos se sitúan fuera de la citada ley.
Durante 2019 un 56% fueron investigadas por la AICA, y en un 23% de los casos fueron trasladadas por las comunidades autónomas a la Agencia, por ser a ella a quién corresponde fijar las sanciones en el caso de que las hubiera. Un 14% de las denuncias presentadas se quedaron en indicios por no cumplir con los requisitos. Si se abre el análisis a todo el quinquenio, 74 denuncias de un total de 293 lo fueron a instancias de una comunidad autónoma (un 25%), de ellas el 87% corresponde al sector lácteo y el 9,5% a las frutas y hortalizas, el resto correspondían al aceite de oliva y el sector cárnico.
Lácteo y frutas y hortalizas, los que más denuncian
En los cinco años de vida de la Agencia, el mayor número de denuncias presentadas corresponde al sector lácteo (38,5%), seguido del de frutas y hortalizas (26,6%), vino (13%) y aceite de oliva (12,3%), todas ellas lejos del 3,7% que suponen las denuncias en el sector cárnico en su conjunto, encabezadas por el sector aviar.
Tras las investigaciones realizadas por la AICA, se determinará que la competencia sancionadora es de las comunidades autónomas en el actual marco normativo, el expediente correspondiente se traslada a la comunidad autónoma concernida, circunstancia que se da especialmente en el caso de las ventas a pérdidas o también conocida como pérdida de valor a lo largo de la cadena. Los expedientes trasladados desde AICA a las CCAA suponen un 32,4% del total recibido, es decir, aproximadamente un tercio de los mismos, siendo los expedientes recibidos por venta a pérdidas en la AICA un 18% del total.
Por otra parte, AICA conserva las actividades de control de la antigua Agencia del Aceite de Oliva, aunque están encomendadas a las comunidades autónomas, pero muchas de ellas han alcanzado acuerdos de encomienda con la AICA para que se ocupe de esos controles. En este ámbito, durante la campaña 2018/19 se inspeccionaron 405 almazaras, 318 envasadoras de aceite, 14 refinerías, 36 extractoras de orujo, 86 entamadoras de aceituna de mesa y 56 envasadores de aceituna, así como 12 operadores sin instalaciones físicas propias de almacenamiento.
Régimen sancionador
Cuando se detectan incumplimientos de la ley 12/2013, la AICA inicia e instruye el procedimiento sancionador, y en particular cuando las partes contratantes tengan sus respectivas sedes sociales en diferentes comunidades autónomas, o cuando el contrato afecte a un ámbito superior al de una comunidad autónoma.
Las sanciones son impuestas por el Ministerio de Agricultura, habiéndose impuesto durante el año 2019 un total de 426, mientras que en el acumulado las sanciones por infracciones alcanzan las 1.916, lo que supone un importe monetario de casi 11 millones de euros. En este punto desde la entrada en vigor de la Ley de la cadena, las organizaciones agrarias y cooperativas venimos insistiendo en la necesidad del endurecimiento de las mismas para que ayuden a eliminar las prácticas comerciales desleales.
De las sanciones impuestas en 2019, el 62% lo han sido por incumplimiento de los plazos de pago, habiendo recaído en un 59% entre operadores de la distribución comercial mayorista (59%), seguido de la industria (33%), minoristas (7%) y productores (1%). Como puede observarse es entre los intermediarios donde mayoritariamente se concentran las sanciones, sin duda por su poder de dominio sobre el eslabón más débil de la cadena (la producción).
El incumplimiento de los plazos de pago, la ausencia de contratos y no incluir todos los extremos en los contratos son las principales infracciones detectadas y en muchos casos sancionadas.
Incumplimiento de los plazos de pago
En el sector lácteo en concreto las principales infracciones son por ausencia de contrato con la industria, mientras que en el sector vitivinícola destacan los incumplimientos en los plazos de pago con la industria. En el aceite de oliva, de las infracciones con sanción la mayor parte de ellas son de nuevo los plazos de pago en la industria, quedando en muy segundo plano la ausencia de contratos y los no extremos contratos. La industria del sector porcino también se ha visto sancionada también por ausencia de contratos. Similares comportamientos se dan en los sectores avícola, bovino y ovino-caprino, si bien el número de sanciones es muy inferior.
Incumplimientos por la extensión de norma
La AICA propone sanciones por incumplimiento en los pagos que los operadores han de realizar a las interprofesionales que cuenten con extensión de norma en vigor y autorizadas por sus respectivas normativas aprobadas por el MAPA y publicadas en el BOE. Se están proponiendo sanciones concretamente en los sectores del aceite de oliva, aceituna de mesa y aceite de orujo, habiéndose incoado por este motivo un total de 1.339 desde 2014 a 2019, siendo el aceite de oliva donde en todos estos años más expedientes se han incoado, seguido de la aceituna de mesa.
Figuras de calidad
En el caso de denuncias presentadas por los Consejos Reguladores de las figuras de calidad de ámbito supraautonómico, durante 2019 se han incoado 56 expedientes sancionadores, que forman parte de los 244 acumulados entre 2015 y 2019. En este caso la mayor parte de los expedientes se dan en la producción, seguido de los precintados y la elaboración.
Información de los mercados
Desde la AICA se gestionan los sistemas de información de mercados de los sectores oleícolas (SIMO) y vitivinícola (INFOVI), donde se registran las declaraciones obligatorias de los operadores del sector con una periodicidad mensual, lo cual es de gran utilidad para la toma de decisiones por los agentes de los distintos eslabones de la cadena.
Coordinación con las CC.AA.
Sin duda, una de las principales actuaciones de la AICA es la coordinación con las CCAA, labor que debería reforzarse, al igual que la dotación de medios, técnicos y humanos para la realización de sus funciones asignadas. En este capítulo, tiene que verificar la veracidad de los datos incorporados a los sistemas de información de mercados de los sectores oleícola, vitivinícola y lácteo.
