El Pleno de la Diputación de Sevilla, celebrado ayer por vía telemática, arrancó con la lectura de una declaración institucional mediante la cual mostró su apoyo al acuerdo de las entidades agrarias andaluzas sobre el marco financiero plurianual alcanzado el pasado mes de julio, entrando de lleno en el diseño de la futura Política Agraria Comunitaria (PAC) a nivel europeo, español y andaluz.
Desde ASAJA-Sevilla nos congratulamos del respaldo de la Diputación a este acuerdo, respaldo que hemos venido demandando desde ASAJA tanto al Parlamento andaluz como a las Diputaciones provinciales y a los Ayuntamientos de todos los municipios de la región para apoyar la "Declaración Institucional sobre el futuro de la PAC" y sumarse a la defensa del modelo de regiones y derechos, que es el que ha logrado dar respuesta a la diversidad de la agricultura española y andaluza.
Como ha indicado la Diputación de Sevilla, entre las propuestas desde Andalucía para la nueva PAC se considera que ésta debe continuar contribuyendo a mantener un sistema agroalimentario diverso, generador de empleo, fijando población y contribuyendo a unas zonas rurales vivas, que proporcione alimentos de altos niveles de calidad y sostenibles, fomentando la innovación y la continua adaptación a las nuevas demandas de las personas consumidoras y de la sociedad en general. Por otra parte, se rechaza el recorte del 10% en términos reales del presupuesto de la PAC en el nuevo marco financiero.
Además, las entidades agrarias consideran que cualquier propuesta de cambio en los instrumentos de la PAC debe ir acompañada de estudios de impacto que analicen la repercusión territorial y sectorial, y valoren los beneficios y perjuicios de distintas alternativas, previamente a la adopción de decisiones. Consideran asimismo que en momentos como los actuales es crucial proporcionar estabilidad a los agentes económicos, especialmente a los agricultores/as y ganaderos/as.
La última reforma de la PAC introdujo elementos muy novedosos y solo han transcurrido 5 años desde el inicio de una progresiva implantación que terminó en 2019, sin que aún haya sido posible analizar adecuadamente todos sus efectos. Cualquier cambio debe tener unos beneficios claros y contrastados respecto a la situación actual y debe implementarse de forma gradual y con el objetivo de simplificar los instrumentos y la agilidad en los procedimientos administrativos.
El acuerdo de las entidades agrarias aborda, entre otros asuntos, los mecanismos de gestión de mercado, las ayudas directas, el modelo de regiones, los derechos de ayudas, los ecoesquemas, las ayudas sociales y el desarrollo rural y con un apoyo unánime al mantenimiento de la iniciativa LEADER como elemento fundamental para un mundo rural vivo, con mejoras sustanciales en su funcionamiento.
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