Ante la reunión del Consejo Europeo que se celebra hoy y mañana en Bruselas, y en el que los jefes de Estado y de Gobierno debatirán por primera vez la propuesta de negociación de la Presidencia chipriota para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, ASAJA alerta de las importantes carencias de un documento que marcará el rumbo de las negociaciones presupuestarias y, en particular, el futuro de la Política Agraria Común (PAC).

El Consejo Europeo dio luz verde el pasado lunes a la  revisión de la PAC, una serie de medidas puestas en marcha con el objeto de flexibilizar la Política Política Agraria Común como respuesta a las movilizaciones agrarias que recorrieron toda Europa.

Como publica la periodista Natalia Ortiz en ABC, aunque dichas modificaciones fueron anunciadas por la Comisión Europea hace semanas, lo cierto es que hasta el pasado 13 de mayo no fueron oficiales y. de hecho, aún quedan varios pasos del proceso: tras ser firmado por los representantes del Consejo y del Parlamento europeo, el reglamento será publicado en el Diario Olicial de la Unión Europea (DOUE), y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, lo que se dará, previsiblemente y según la Comisión, «a finales de mayo».

A diez días del comienzo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el Gobierno de España ha presentado las que serán sus prioridades para los próximos seis meses, en los que nuestro país pasará a liderar la agenda europea. En esta presentación, no han tenido cabida los asuntos agrarios, pese a que la mayor parte de la regulación, la normativa y el presupuesto agrario tienen su origen en Bruselas y en las decisiones que se adoptan en la capital comunitaria.

El Consejo Europeo ha adoptado esta semana las nuevas normas de la Unión Europea sobre producción y etiquetado de productos ecológicos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2021.

La nueva regulación pretende fomentar el desarrollo sostenible de la producción ecológica en la UE y garantizar una competencia justa para los agricultores y operadores, prevenir el fraude y las prácticas desleales y mejorar la confianza del consumidor en los productos ecológicos.