En un plazo máximo de tres semanas, el Ministerio de Agricultura volverá a sentarse con las comunidades autónomas en el seno de una nueva Conferencia Sectorial, con objeto de debatir el borrador final del Plan Estratégico que determinará la aplicación nacional de la nueva Política Agraria Común (PAC) a partir de 2023. Un documento, como publica la periodista Inma Lopera en ABC, cuyas últimas versiones ha vuelto a poner en alerta al campo andaluz, que entra en el tiempo de descuento para intentar dar la vuelta a un Plan Estratégico que, de aprobarse según el último borrador conocido, podría suponer «pérdidas de más de 100 millones de euros anuales durante el periodo 2023-2027 para los agricultores y ganaderos andaluces», critica el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín.
Poco ha durado, por tanto, la relajación y satisfacción mostrada por la Junta de Andalucía, que tras la primera Conferencia Sectorial, celebrada en el mes de julio, presumió de lograr «reconducir el debate nacional» y conseguir buena parte de sus «objetivos prioritarios», como los relativos a las regiones productivas y el mantenimiento de los derechos. La Consejería de Agricultura señaló entonces estar «razonablemente satisfecha» con el documento base alcanzado en julio, cuando se habló de fijar un número de un máximo de 20 regiones productivas (frente a las 50 actuales), quedando pendiente por definir el capítulo de los ecoesquemas, asunto que ha centrado las reuniones técnicas durante todo el mes de septiembre. Pero parece que el ministro de Agricultura, Luis Planas, aún guardaba algunos ases en la manga, y si en julio parecía que la PAC se ponía por fin de cara para Andalucía -frente a los primeros borradores del Plan Estratégico, que ofrecían un panorama mucho menos halagüeño aún para la comunidad, cuando se hablaba de fijar cuatro regiones productivas-, nada más lejos de la realidad.
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