Los técnicos de las entidades colaboradoras reconocidas se enfrentan a un sprint de sólo 20 días para tramitar más del 80% de las solicitudes de la Política Agraria Común (PAC) que quedan pendientes en Andalucía, ya que el plazo para cumplimentar correctamente las nuevas solicitudes de los 272.000 agricultores y ganaderos andaluces beneficiarios de los pagos europeos finaliza el 30 de abril. Como publica en ABC la periodista Inma Lopera, por si esta carrera no fuese ya de por sí misión imposible ante la ingente cantidad de expedientes acumulados en la recta final del periodo hábil, se suma una serie de obstáculos administrativos (normativa pendiente de publicación y actualización de herramientas informáticas) que vienen a dificultar y retrasar el cierre de los expedientes, con la consiguiente acumulación de las solicitudes.

Como recoge ABC, esta «difícil situación» es la que ha denunciado Asaja Sevilla, quien recuerda que esta campaña supone presentar «una documentación compleja» que comprende: la solicitud de ayudas del pago básico y del pago verde, las ayudas asociadas, las ayudas agroambientales, las cesiones y traspasos de derechos, así como las alegaciones al visor Sigpac para corregir los errores que se detecten en el sistema de información geográfico de parcelas. Sin embargo, «a día de hoy, todavía no se ha publicado la orden de las nuevas ayudas agroambientales ni la orden de las alegaciones al Sigpac, pese a que existía un compromiso de que estarían a mediados de marzo», declara el secretario general de la entidad, Eduardo Martín.

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Agricultores, ganaderos, propietarios y gestores de cotos se niegan a que la información privada contenida en los planes técnicos de caza de sus respectivas explotaciones se divulgue sin su consentimiento y a que la Administración la ceda a los grupos ecologistas. Por ello, como publica la periodista Inma Lopera en ABC, Asaja Sevilla, en representación del colectivo, ha presentado alegaciones en la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y ha manifestado su malestar al Defensor del Pueblo Andaluz.

Como recoge ABC, el conflicto surge al «tener conocimiento de una petición de información ambiental que presenta Ecologistas en Acción a la Consejería consistente en la solicitud de copia de todos los planes técnicos de caza de la provincia de Sevilla», explica el secretario general de la patronal agraria, Eduardo Martín. Para Asaja Sevilla, esta petición es «manifiestamente irrazonable» pues, según Martín, «un plan de caza es un documento particular que paga cada titular de su bolsillo donde se ordena la gestión cinegética de una propiedad, pero no es una información ambiental pública».

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La población del meloncillo continúa aumentando en la provincia de Sevilla sin que hasta la fecha se hayan habilitado medidas efectivas para el control de esta especie, que está causando graves daños en las explotaciones ganaderas y cinegéticas de la Sierra Norte y Sur, donde su presencia ha llegado a triplicarse. La periodista Inma Lopera se hace eco en ABC de Sevilla de la denuncia de cazadores y ganaderos, que afirman que este predador está limitando las poblaciones de caza menor, como la perdiz o el conejo, además de causar numerosos daños a explotaciones atacando a las parideras de las fincas con cabezas de ganado ovino y caprino o a la ganadería avícola en extensivo, como las famosas ocas que produce la finca Dehesa Frías.

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"No tengo duda de que el progreso en el ámbito de la comunicación es extraordinario y constituye una herramienta que contribuirá a mejorar la calidad de vida de muchas personas, al menos eso espero, pero como todo tiene su lado oscuro, un pequeño grupo bien organizado y perteneciente al mundo digital, es decir, compuesto mayoritariamente por jóvenes, puede crear un estado de opinión que ni coincide con la mayoría, ni está sustentado en hechos reales, pese a ser abrumadoramente sonoro en virtud de la multiplicación de su mensaje en redes sociales, lo que les da una capacidad de influencia que no se corresponde con su peso real en la sociedad y lleva a que desde determinadas instancias pasemos al: «hay que hacerlo porque es lo que quiere la opinión pública»".

Entre los agricultores de cereal de la provincia de Sevilla empieza a cundir la preocupación ante la alta incidencia del mosquito del trigo (mayetiola destructor), que pone en peligro los rendimientos de la presente campaña y que afecta a todas las producciones cerealísticas, aunque registra menor afección en el cultivo del triticale. Informa de ello en ABC la periodista Inma Lopera, quien añade que los daños afectan especialmente a explotaciones de la campiña sevillana, hasta el punto de que «ya hay parcelas donde ni siquiera se van a segar los trigos, al estar completamente devastado el cultivo», como ha declarado en ABC el responsable de cultivos herbáceos de Asaja Sevilla, José Vázquez. El técnico explica que «la mayoría de los trigos de la provincia están afectados, aunque de distinta manera». Así, hay explotaciones donde «las pérdidas serán del cien por cien y otras donde el rendimiento mermará unos 1.500 kilos por hectárea», subrayando que las explotaciones de los municipios de Carmona, Paradas, Écija, Arahal o Utrera son «de las más castigadas por esta plaga».

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Un mes después de que se abriera el plazo de presentación de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), los técnicos de las entidades colaboradoras reconocidas se encuentran «con las manos atadas» en la tramitación de los expedientes por la falta de publicación de varios reglamentos así como de resoluciones de alegaciones necesarias para cumplimentar correctamente las nuevas solicitudes de los 272.000 agricultores y ganaderos andaluces beneficiarios de los pagos europeos.

Informa de ello en ABC la periodista Inma Lopera, quien explica que por este motivo, ASAJA Andalucía ha puesto la voz de alerta, subrayando que este año el periodo consta de «45 días menos que en 2015» para presentar «una documentación compleja» que comprende: la solicitud de ayudas del pago básico y del pago verde, las ayudas asociadas, las ayudas agroambientales, las cesiones y traspasos de derechos, así como las alegaciones al visor Sigpac para corregir los errores que se detecten en el sistema de información geográfico de parcelas. La organización agraria critica que «la realización de todos estos trámites, que es ya de por sí compleja en un periodo tan corto (el plazo finaliza el 30 de abril), se torna misión imposible si se carece de la normativa que la regula».

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Tras la última reunión de la Mesa Sectorial de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa --donde se ha analizado la evolución de la campaña 2015/2016 con datos hasta el 31 de enero--, se desprende que las previsiones iniciales tanto en el olivar de verdeo como de molino han quedado cortas. De hecho, en el caso de la aceituna de mesa, la producción en los cinco meses de campaña se sitúa en 591.900 toneladas, lo que supone un crecimiento del 7% respecto a la campaña pasada (554.000 toneladas), una cifra por encima del aforo inicial estimado por la interprofesional Interaceituna que hablaba de una cosecha cercana a las 517.000 toneladas.

Así lo explica la periodista Inma Lopera en ABC, quien añade que esta producción, como señala el técnico experto en cultivos herbáceos de Asaja Sevilla, José Vázquez, «es la segunda más alta de los últimos diez años», recordando que «la campaña pasada la situación de la aceituna fue excepcional, ya que la oferta de países productores como Argentina y Estados Unidos fue muy corta».

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