ASAJA expresa su más firme rechazo al resultado final alcanzado en el trílogo sobre la reforma del Sistema de Preferencias Generalizadas (GSP), un texto que, lejos de garantizar unas condiciones de competencia justas, profundiza en la desprotección del cultivo de arroz en España y en el conjunto de la Unión Europea.

Tras años de negociación y meses de intercambios técnicos, las instituciones europeas han cerrado un compromiso político que no responde a la situación real del mercado, marcada por un flujo de importaciones procedentes de países menos desarrollados. La presidenta de ASAJA-Sevilla, María Morales, lamenta que se haya desaprovechado una oportunidad decisiva para establecer un mecanismo automático de salvaguardia verdaderamente operativo frente al incremento descontrolado de las entradas de arroz a bajo coste.

Por su parte, el presidente del Grupo de Trabajo de Arroz de Copa-Cogeca y representante de ASAJA, Miguel Minguet, resume así el sentir del sector: “con este resultado final del trílogo, las instituciones europeas sentencian al sector arrocero. Este acuerdo, en vez de respetar el todo salvo armas parece que predica todo contra los arroceros.”

El acuerdo fija un umbral automático de activación de 562.000 toneladas, calculado a partir de una media de diez años (387.000 t) incrementada en un 45%, y prevé revisión anual a partir de 2027. El problema fundamental es que dicho umbral se ha construido tomando como referencia niveles de importación artificialmente elevados, que este año han alcanzado ya 547.000 toneladas, desplazando al arroz europeo incluso en un ejercicio de buena producción.

ASAJA considera inadmisible que, después de cuatro años de negociaciones, la definición de “situación excepcional” se base precisamente en los volúmenes que han provocado el deterioro del mercado. De esta manera, la cláusula de salvaguardia queda vacía de contenido, al no activarse en los escenarios de crisis que el propio sector viene denunciando desde hace más de una década.

Si esta dinámica se mantiene, existe un riesgo real de abandono del cultivo, pérdida de superficie y daños económicos irreversibles para el agricultor profesional. A esto se suma la posibilidad de nuevas presiones derivadas de futuros acuerdos comerciales, especialmente con India y Mercosur, que prevé la entrada adicional de 60.000 toneladas con arancel reducido.

En este contexto, ASAJA advierte del mensaje contradictorio que transmite la propia Comisión Europea. Tal y como recuerda ASAJA, resulta especialmente grave el cinismo de la CE donde ya reconoce en el AgriOutlook (un informe elaborado por la Dirección General de Agricultura que evalúa las tendencias y perspectivas del sector) incluso, antes haber ratificado estos trílogos, que Europa perdería 100.000 hectáreas de producción, casualmente de la variedad índica, que es la que produce Birmania y Camboya.”

Una vez analizado el inadmisible acuerdo del trílogo, desde ASAJA exigimos que a la hora de ratificar el resultado, tanto el Parlamento Europeo (en especial los eurodiputados españoles) como el Consejo (los países productores, entre ellos España) rechacen frontalmente el resultado final del trílogo.

Como explica la presidenta de ASAJA-Sevilla, María Morales, “tanto las autoridades como los consumidores deben tener en cuenta que el arroz producido aquí presenta unas condiciones de sanidad, sostenibilidad y calidad que lo diferencia del arroz procedente de terceros países, en los que no se garantizan en absoluto unas condiciones sociales, laborales y de seguridad como las que tenemos en la Unión Europea”.

ASAJA reafirma su compromiso de defender a los agricultores profesionales y seguirá trabajando con el sector para garantizar la viabilidad del cultivo arrocero, estratégico en numerosas zonas productoras de España.

ASAJA-Sevilla recuerda que esta provincia es la primera productora de arroz de España, generando el 40% del arroz nacional. Esto hace que las marismas de Doñana, con un total de 36.500 hectáreas cultivadas, sean la zona de mayor superficie arrocera del país.

El arroz en Sevilla genera 5.000 puestos de trabajo directos, unas 32.0000 peonadas anuales y una facturación en campo de 7 millones de euros.