Al negarse a endurecer las condiciones de entrada del arroz de Birmania y Camboya, deja desprotegido al arroz europeo

El establecimiento de una cláusula automática con un umbral tan elevado equivale a renunciar a defender al sector arrocero europeo

El Pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer en Estrasburgo la reforma del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) sin corregir la cláusula automática de salvaguardia del arroz, manteniendo un umbral de activación que el propio sector considera inoperante. De este modo, han sido rechazadas las enmiendas impulsadas por eurodiputados de países productores que reclamaban la reducción del umbral de referencia que activa la cláusula de salvaguardia.

En concreto, el nivel del 45% fijado como referencia para activar el mecanismo se considera excesivo y alejado de la realidad del sector. Tanto ASAJA como la Federación de Arroceros de Sevilla defienden que, con un umbral tan elevado, la herramienta pierde su carácter preventivo, pues sólo entrará en funcionamiento cuando el daño ya sea significativo.

Una salvaguardia automática debe ser ágil, realista y útil en la práctica, permitiendo actuar con rapidez ante incrementos de importaciones que desestabilicen el mercado. En este sentido, ASAJA compartía la propuesta presentada por europarlamentarios de los países productores para rebajar el umbral al 20%, una medida que permitiría mejorar la capacidad de respuesta sin alterar el marco general del acuerdo alcanzado.

Grave irresponsabilidad política

La aprobación del Sistema de Preferencias Generalizadas sin una corrección previa de este mecanismo supone una grave irresponsabilidad política. Se ignora la gravísima situación por la que atraviesa el sector arrocero europeo y español: presión importadora creciente, caída de precios en origen y pérdida estructural de competitividad.

Los datos lo confirman, la amenaza no es teórica. España se ha convertido desde la campaña 2021/22 en importadora neta de arroz, una tendencia que se ha consolidado. Solo entre septiembre y diciembre de la campaña 2025/26, las importaciones nacionales aumentaron cerca de un 50 % en volumen respecto al mismo periodo de la campaña anterior, con orígenes como Birmania, Argentina o Uruguay ganando peso.

A ello se suma que el arroz importado entra a precios muy bajos, especialmente en arroz blanqueado, ejerciendo una presión directa sobre las cotizaciones en origen. En el mercado nacional, el arroz índica en cáscara se sitúa en torno a 263 €/t, un nivel claramente insuficiente para cubrir los costes de producción en el actual contexto de encarecimiento de insumos.

Un sector estratégico en riesgo

ASAJA recuerda que el arroz no es un cultivo marginal. En España, Andalucía aporta cerca del 50 % de la producción nacional, con Sevilla como núcleo estratégico. El sector arrocero en las marismas del Guadalquivir genera más de 700 millones de euros de facturación, sostiene más de 5.000 empleos directos indefinidos y cumple una función ambiental clave en el entorno de Doñana, especialmente en el mantenimiento de la avifauna durante los meses de verano.

Sin embargo, el cultivo se enfrenta a una pérdida acumulada de más de 22.000 hectáreas en los últimos años, motivada por la sequía, pero también por un deterioro continuado de la rentabilidad y por una competencia exterior que opera bajo estándares ambientales, laborales y fitosanitarios mucho más laxos que los exigidos en la UE.

Desde ASAJA debemos denunciar la profunda incoherencia que se produce entre las exigencias que se imponen al productor europeo —retirada de materias activas, ecorregímenes, obligaciones de biodiversidad— y esta política comercial que abre la puerta a importaciones sin el más mínimo principio de reciprocidad. Todo ello, con controles fronterizos que apenas alcanzan una fracción mínima de los productos agroalimentarios importados.

Mantener una cláusula automática con un umbral tan elevado equivale a renunciar a defender al sector arrocero europeo. El Parlamento Europeo ha optado por mirar hacia otro lado mientras los agricultores compiten en clara desventaja. ASAJA seguirá presionando para que esta decisión se rectifique antes de que el daño sea irreversible.