El sector agrario, ganadero y forestal contempla con impotencia, frustración y estupor como, tras siete largos años desde la última Orden de Ayudas a los ecosistemas forestales, se cierra el plazo para solicitar estas ayudas tan necesarias para la conservación y la limpieza de la dehesa y el monte sin que la mayor parte de los potenciales beneficiarios tengan la más mínima posibilidad de que se les otorgue.
El área de la Consejería de Agricultura que proviene de la antigua Consejería de Medio Ambiente ha perseverado en sus viejos vicios y en una tramitación nuevamente decepcionante ha redactado, aprobado y publicado unas ayudas que excluyen a los propios administrados a los que se supone que se pretendía ayudar.
A mediados del pasado mes de agosto apareció en el BOJA la orden que recoge las bases reguladoras de la Orden de Ayudas a los ecosistemas forestales, y el pasado 2 de octubre se abrió la convocatoria para solicitar esta línea de ayudas dotada con 106 millones de euros. Pese al indudable interés que despiertan estas ayudas en todo el sector agroganadero y forestal y pese a que desde ASAJA llevábamos meses demandándolas (tanto al anterior gobierno como al actual), la presente convocatoria nos deja profundamente insatisfechos, puesto que se ha redactado de espaldas al sector y, en nuestra opinión, tal como está planteada, no cumplirá sus principales objetivos.
El 70% de los potenciales beneficiarios ha quedado fuera
Desde ASAJA manteníamos la esperanza de una reacción de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, puesto que el malestar y el rechazo han sido unánimes y así se lo hemos hecho saber a la propia Consejería y a sus responsables, a quienes hemos trasladado la necesidad urgente de mejorar la redacción de esta orden para permitir que los administrados a los que va dirigida puedan optar a la ayuda. Confiábamos en que la Orden que prorrogaba el plazo incluyera alguna corrección. Finalmente no fue así y el 70% de los potenciales beneficiarios ha quedado fuera.
Estos son los principales motivos del malestar, la decepción y la frustración generada por la orden y las bases reguladoras de esta convocatoria, tal vez la única oportunidad que tenían muchas explotaciones de lograr una vía de cofinanciación europea para abordar el mantenimiento y la limpieza del monte:
- Pese a la recomendación de la Unión Europea de permitir que los trabajos se aborden con el personal y los medios propios de la explotación, en la Orden de facto se desincentivan, al establecer un sistema de doble baremo que fija tarifas hasta siete veces superiores si las actuaciones las desarrollan empresas externas, estableciendo así en el caso de algunos desbroces, un coste de 559,41 euros por hectárea si lo ejecuta un tercero, mientras que si ese mismo desbroce lo hace el propietario de la explotación con sus medios y sus trabajadores el coste estimado por la Administración se fija en 75,48 euros por hectárea, una cuantía que, por ser muy inferior a los costes reales de mercado, cierra la posibilidad de desarrollar estas labores con medios propios.
- Obliga a contar con un Plan de ordenación forestal, un requisito que no se contemplaba en anteriores convocatorias y que excluye al 70% de los potenciales beneficiarios, cerrando el acceso a un gran número de agricultores, ganaderos y empresarios forestales, puesto que la redacción de un plan técnico de ordenación forestal es costosa, compleja y no está al alcance de las pequeñas y medianas explotaciones.
- Contraviene la pregonada simplificación administrativa de la que ha hecho bandera el ejecutivo andaluz, pues el programa informático que se habilita para solicitar las ayudas constituye un auténtico despropósito. Se trata de una aplicación obsoleta, que no ha sido previamente testada y que se apoya en una cartografía desactualizada.
En definitiva, con esta orden, cuyo plazo de solicitud finaliza mañana, se escapa la única posibilidad para financiar los costosos trabajos silvícolas que permiten prevenir los incendios forestales en los montes andaluces.
Ante un ciclo de sequía como el que estamos sufriendo, que amenaza con recrudecerse, los responsables de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible pueden acabar lamentando la nula atención prestada al clamor del sector forestal y de la propia ASAJA, que ha reclamado hasta la saciedad la reforma de la orden con el objetivo de garantizar la adecuada gestión de esta ayuda que tanta falta hace y, sobre todo, para evitar que, por la mala redacción actual, parte de los fondos tengan que ser devueltos a Bruselas.
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