El secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, se ha reunido esta mañana con el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Norbert Lins, y el eurodiputado Popular Juan Ignacio Zoido, en un encuentro que se ha celebrado en La Rinconada (Sevilla) por iniciativa del Partido Popular, en el que han participado gran parte del sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa de Andalucía.
Martín ha trasladado a los responsables del Parlamento Europeo la preocupación de los agricultores españoles por la imposición de los nuevos aranceles del Gobierno de Trump, que suponen un grave daño para las exportaciones andaluzas y perjudicarán muy especialmente a dos sectores claves de nuestra economía: el aceite de oliva y la aceituna de mesa.
Esta se reunión se produce tras las celebradas el pasado lunes, también en Sevilla, con la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del PE, Mazaly Aguilar, del grupo VOX, y el pasado martes con la eurodiputada del PSOE Clara Aguilera, que es miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, cerrando con ello la ronda de contactos con los representantes españoles de las instituciones comunitarias que ya están constituidas para la nueva legislatura.
Como en los otros encuentros, el secretario general de ASAJA-Sevilla ha demandado esta mañana a los eurodiputados españoles que multipliquen la presión en Bruselas para lograr que la Comisión Europea se implique en la defensa de las producciones agrarias amenazadas por los aranceles de Trump y exhiba la misma contundencia que demostró cuando el mandatario de EE.UU. anunció la imposición de aranceles al acero y al aluminio europeos, un anuncio que motivó la visita a Washington del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
Martín ha explicado que los daños que se barajan en el sector agrario van más allá del importe de este desmesurado arancel, puesto que debe estimarse también la pérdida, total o parcial, del mercado estadounidense. En el caso de Andalucía pueden rondar los 600 millones de euros, mientras que en nuestra provincia, en Sevilla, se aproximarían a los 200 millones anuales. Se estima que 2 de cada 3 euros de los que pierda España por este incremento tarifario lo perderán los agricultores andaluces y sus cooperativas y empresas.