Por Ricardo Serra Arias, presidente de ASAJA-Andalucía, vicepresidente de ASAJA-Nacional y representante de los agricultores en el Consejo Económico y Social de la Unión Europea
El proyecto de reforma del presupuesto de la Unión Europea y próximo periodo de la PAC ha suscitado el unánime rechazo de todo el sector agrario, nuevamente enfrentado a una propuesta de la Comisión Europea sobre una futura reforma desde todo punto inaceptable para los agricultores y ganaderos de todo el territorio de la Unión.
No se trata de mejorar este o aquel punto de la propuesta, sino sencillamente de rechazarla en su totalidad, porque rompe todos los principios básicos de lo que ha sido la única política realmente común de la UE, alguno de los cuales ya han sido bastante deteriorados tras las sucesivas reformas que empezaron con el comisario irlandés Mac Sharry, cuando en 1992 alteró radicalmente el sistema de apoyos, cambiando los precios garantizados por los llamados pagos compensatorios a un tanto alzado, reforma que ha ido derivando hasta los actuales pagos únicos, anulando la preferencia comunitaria, uno de los fundamentos básicos de la Política Agraria Común (PAC).
Esta reforma y todas las que vinieron tras ella estaban motivadas con el argumento principal de seguir las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y condujeron a la apertura de mercados, el desmantelamiento de la protección arancelaria, etc.
Después vino la segunda oleada de reformas, esta vez con al argumento de la conservación del medio, la lucha contra el cambio climático o la descarbonización energética…
No tengo duda alguna de la importancia de estos argumentos, pero cabe preguntarse, ¿qué hay de los demás?
• La política arancelaria emprendida por la administración Trump ha dinamitado literalmente las reglas del comercio mundial y ha convertido la Organización Mundial del Comercio en una institución irrelevante.
• Las limitaciones medioambientalistas de le UE en absoluto son secundadas por la mayoría de los países (EEUU, China, o Rusia, por ejemplo), de manera que los esfuerzos de los europeos en el terreno de la agricultura y la ganadería nos colocan en una situación de clara desventaja, dado los incrementos de costes que ello conlleva.
• Los acuerdos con otros países y bloques de enorme potencial agrícola como MERCOSUR, sin garantías de reglas productivas equivalentes, así como la integración de Ucrania, otra potencia agrícola, suponen nuevas dificultades para los agricultores y ganaderos europeos.
A cambio ahora se plantea una reforma con menos dinero, más exigencias medioambientales, la desaparición de los pilares de Ayudas Directas y Desarrollo Rural y un presupuesto que permite el trasvase de fondos.
Y además, se abre la posibilidad de que los países europeos apoyen con fondos propios a sus agricultores, con lo que, en función de esto, dejaremos de tener una Política Agraria Comunitaria única (otro de los principios iniciales), y se abrirá la puerta a las políticas agrarias nacionales, según la capacidad o las ganas de aportar dinero de cada país.
Todo lo anterior coloca el futuro del sector agrario en una situación límite. Eso sí, después se habla de despoblación, falta de relevo generacional, etc. ¿Quién va a quererse ir a una zona rural sin garantías de futuro?
No se trata de modificar este o aquel detalle del proyecto, se trata de hacer todos los esfuerzos posibles, de conseguir los apoyos que sean necesarios para rechazar el documento en su totalidad.
No será tarea fácil, no parece que contemos con el Ministerio de Agricultura, que tan solo ha hecho una leve crítica; y aún menos con la Presidencia del Gobierno de España, que ni siquiera se ha pronunciado sobre la propuesta. Todo dependerá del rechazo firme y unánime del sector agrario y de nuestro esfuerzo para implicar al resto de la sociedad. Nunca se ganan las batallas que no se dan.
