Con la publicación, in extremis, de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regula el sistema de gestión de la PAC y otras materias conexas y otros ocho reales decretos, ha entrado definitivamente en vigor en España la reforma de la PAC más involucionista y retrógrada de las que hemos conocido desde el ingreso de España en la Unión Europea en 1986.

La responsabilidad de este desaguisado es exclusiva del Ministerio de Agricultura, que pese a las manifestaciones convocadas en unidad de acción por las organizaciones agrarias y pese al pronunciamiento de decenas de expertos alertando de graves desequilibrios en el sistema de ayudas, ha mantenido su diseño caprichoso y arbitrario de la nueva PAC centrado en debilitar a las zonas con mayor potencial, olvidando que son las que más contribuyen a fortalecer el sector agroalimentario y a generar riqueza y empleo, por lo que tienen un mayor nivel de gasto unitario que no se ve compensado por los precios percibidos, y ahora, tampoco se va a ver compensado por las ayudas de la PAC.

Este nuevo sistema castiga con especial dureza a los agricultores y ganaderos andaluces que perderán 500 millones de euros. La nueva PAC provocará que 750.000 hectáreas de secano pierdan el 30% de sus ayudas actuales, 700.000 hectáreas de olivar sufran una merma de más del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual y todo el regadío andaluz vea reducidas sus ayudas entre un 30 y un 40 %.

Sevilla, la provincia andaluza más castigada

Dentro de nuestra región, la provincia de Sevilla será la más afectada con pérdidas para los agricultores y ganaderos de 242 millones de euros en el periodo 2023-2027. Por ello, y como última opción, la Asamblea General de ASAJA-Sevilla ha ratificado hoy a propuesta de su presidente, Ricardo Serra, la interposición de un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra varios aspectos concretos de la nueva PAC.

El Plan Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC) supone un retroceso en la implantación de la Política Agraria Común y su adaptación al territorio. Reduce los estratos de ayuda, que pasan de 50 a 20 y no tiene en cuenta condiciones agronómicas homogéneas o similares, con lo que provoca una diferenciación artificial y arbitraria de zonas agrarias que acaba discriminando las zonas productivas en base a criterios subjetivos.

La nueva arquitectura medioambiental de la PAC, apoyada fundamentalmente en los eco-regímenes, es igualmente artificial y arbitraria, puesto que en algunos sectores, como en el de los pastos o el secano, establece unas diferencias entre lo que se califica como pastos húmedos y pastos mediterráneos, y entre secanos húmedos y secanos, y lo hace basándose únicamente en los índices pluviométricos de un periodo concreto, sin tener en cuenta criterios edafológicos, ambientales u otros índices; mientras que en otros sectores, como el regadío, no establece distintos eco-regímenes de riego por zonas homogéneas, sino un único eco-régimen para toda la diversidad existente en España.

Asimismo, la nueva regulación penaliza a las explotaciones que generan más empleo, impidiendo que se puedan acoger a la compensación de gastos laborales establecida por la normativa europea para no limitar la percepción de ayudas y a la que sí pueden acogerse los agricultores con explotaciones similares en el resto de países de la Unión Europea.

Es también muy grave el daño y las pérdidas que provoca la nueva PAC con los criterios de ponderación fijados en el pago redistributivo, que incomprensiblemente se articulan para perjudicar a los agricultores y ganaderos que tienen más de un sistema de cultivo (ejemplo: algo de secano, algo de riego y algún cultivo permanente), lo que es muy común.

Por todo ello, dado que en toda la tramitación de la reforma de la PAC y la elaboración del PEPAC la transparencia, el diálogo y el consenso han brillado por su ausencia, ASAJA-Sevilla interpondrá ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo para evitar o al menos para mitigar pérdidas y agravios de consecuencias irreversibles.