El Ministerio para la Transición Ecológica ha pisado el acelerador y en poco más de un mes ha anunciado la suspensión, durante seis meses, de los impuestos sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, del 7%, y la derogación del llamado «impuesto al sol», que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España. Dos medidas que, como publica la periodista Inma Lopera en ABC, si bien han sido aplaudidas por el sector agrario, se antojan «insuficientes» en un contexto de trepidante escalada de los precios de la energía, siendo la tarifa eléctrica actualmente para muchas explotaciones andaluzas «el mayor desembolso que deben asumir los agricultores, por encima de los costes de la compra de la semilla, el gasóleo o el personal laboral», afirma el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, en ABC.

Este incremento del precio final de la energía es consecuencia, principalmente, de dos factores. Por un lado, de los elevados precios de las materias primas (gas natural, petróleo y carbón) en los mercados internacionales y, por otro, del incremento en la cotización de los derechos de emisión de CO 2 . Esto ha llevado a que «el precio en el mercado mayorista registrara en septiembre un valor medio de 71,35 /MWh, acercándose al valor máximo histórico mensual, alcanzado en enero de 2006 con 73,14 /MWh».

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