Con el 95% de los datos de la campaña de verdeo ya «escrutados», empiezan a salir los primeros análisis que confirman que, un año más, la aceituna manzanilla continúa en caída en el campo sevillano. Así lo publica la periodista Inma Lopera en ABC, donde informa sobre la última reunión de la mesa sectorial del olivar, en la que se analizó el balance de la campaña (con datos hasta el 31 de octubre de 2015), en el que la recolección de la variedad manzanilla, producida íntegramente en la provincia, sufre un recorte del 37% respecto al año pasado. Por tanto, «se confirma la corta cosecha del olivar manzanillo, con una producción de 114.000 toneladas frente a las 180.000 de la campaña anterior, aunque en el caso de las aceitunas gordal y hojiblanca se han verdeado más que el año pasado», declara el técnico especialista en cultivos herbáceos de Asaja Sevilla, José Vázquez.

Los ganaderos de ibérico disconformes con la fracción de cabida cubierta asignada podrán reclamar este coeficiente, como informa Asaja Sevilla. Tal como recoge ABC, esta es la primera montanera en la que los productores están obligados a cumplir con el número máximo de cochinos a engordar por hectárea que establece la Norma de Calidad en su anexo, un coeficiente que se asigna en función de la superficie vegetal cubierta de cada explotación, es decir, en función de una foto aérea que cuantifica el porcentaje de árboles que tiene cada finca.

Como publica ABC, esta asignación había creado cierto malestar en el sector, que finalmente tendrán derecho a réplica. Y es que según informa el técnico de la patronal agraria, Juan Bilbao, «en próximas fechas va a salir una disposición que permitirá a los ganaderos reclamar su coeficiente asignado». En este sentido, Asaja Sevilla aboga por «permitir que se aumente el número de cerdos a cebar en aquellas fincas con presencia de encinas con el máximo desarrollo productivo, ya que la normativa establece ahora mismo un máximo de 1,25 cerdos por hectárea».

La gestión del anunciado cobro del anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), tan esperado por los agricultores andaluces para planificar sus siembras otoñales, está planteando una serie de problemas a la Junta de Andalucía que se traduce, en la práctica, en que el dinero no está llegando a los productores. Como informa la periodista Inma Lopera en ABC, según cálculos de Asaja Andalucía, «unos 15.000 titulares no han cobrado su anticipo (aunque la Consejería estima que son unos 12.000 los afectados) y tendrán que esperar hasta final de año para recibir los primeros pagos», afirma el director general de la organización, Vicente Pérez. La mayoría de expedientes sin pagar «afectan a las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba, desde donde estamos recibiendo más quejas por parte de los agricultores y ganaderos», subraya. El director de la regional de Asaja explica que el sector acogió con satisfacción el anuncio de la Consejería de Agricultura de que a partir de la primera semana de este mes de noviembre comenzaría a abonar el anticipo de las ayudas europeas correspondiente a este año 2015, un adelanto que, recuerda, «la Comisión Europea ha subido del 50 al 70% de la cuantía total de los pagos».

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Una de cal y otra de arena. La política agraria de la Junta de Andalucía apoya la creación de empresas por parte de jóvenes agricultores, con incentivos para rejuvenecer el sector agrario y facilitar el relevo generacional. Pero, como informa en ABC la periodista Inma Lopera, esta vía de acceso a la instalación de jóvenes en el campo choca con la política fiscal del Gobierno andaluz, en concreto, en lo que al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se refiere. Y es que Andalucía es la única comunidad autónoma de España en la que no se establece una reducción o deducción específica para el sector agrario, como sí han adoptado el resto de regiones del país. Los enormes costes que supone el impuesto en la comunidad está elevando el número de renuncias de productores andaluces a heredar explotaciones agrarias, impidiendo el relevo, pese a que muchos de estos agricultores se beneficiaron en su día de las ayudas de la Junta para instalarse en las mismas fincas que ahora se ven obligados a rechazar o, en el mejor de los casos, a vender para poder sufragar el impuesto de la sucesión. Esta paradójica situación es la que ha llevado a Asaja Andalucía a plantear a la presidenta del Ejecutivo regional, Susana Díaz, una batería de mejoras para reformular el mencionado impuesto y facilitar el necesario rejuvenecimiento del sector.

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Por segundo año consecutivo, los arroceros de Sevilla se enfrentan al problema de tener que limpiar sus fincas de plantas bastardeadas, pese a haber sido completamente rigurosos en las siembras y haber comprado semillas certificadas tal y como exige la normativa de la Producción Integrada, sistema en el que se cultiva el 98% del arroz en las marismas.

Andalucía contará con más de 3.120 millones de euros para fomentar la innovación, la mejora del medio ambiente y la creación de empleo en el medio rural durante los próximos cinco años, un presupuesto que surge de sumar los 2.449 millones de euros de gasto público a los 671 que aportará el sector agrario y ganadero al nuevo Progama de Desarrollo Rural (PDR) andaluz. Como informa la periodista Inma Lopera en ABC, esta cuantía privada responde a «la inversión que cada agricultor o ganadero tendrá que aportar de su propio bolsillo, ya que los beneficiarios de las diferentes líneas de ayudas del PDR cuentan con una cofinanciación media que va del 50 al 80%, por lo que el resto, hasta llegar al 100%, va por cuenta propia», explica el director general de ASAJA-Andalucía, Vicente Pérez. De los 2.449 millones de euros públicos, 1.910 financiará la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 377 millones aportará la Junta de Andalucía y 161 millones el Gobierno central.

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La apertura del movimiento de explotaciones afectadas por la enfermedad de la tuberculosis bovina era una de las medidas más demandadas por el sector ganadero andaluz, ante la falta de cebaderos en la región, lo que conllevaba que los productores tuvieran que aceptar abusos en los precios de los animales sanos de las cabañas afectadas. Como informa la periodista Inma Lopera en ABC, el Ministerio de Agricultura ha recogido esa demanda y, en coordinación con las comunidades autónomas, flexibiliza el movimiento del ganado, permitiendo que a partir del 1 de noviembre los terneros de las explotaciones de Andalucía calificadas como T2+, TS y TR puedan enviarse a cebaderos no incluidos en el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina (PNETB) que se clasifiquen en el REGA como T1 y que se ubiquen en Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla León y Castilla La Mancha.

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