Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Andalucía, donde participan los agentes públicos y privados de un determinado territorio, son los encargados de gestionar las ayudas de la Medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el periodo actual 2014-2020. Como publica en ABC la periodista Inma Lopera, en dicha medida, dotada con 258 millones de euros (frente a los 307 millones del periodo anterior 2007-2013), se aglutinan aquellas ayudas dirigidas al desarrollo de las zonas rurales, por lo que a través de los GDR se subvencionan a entidades públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro, para llevar a cabo iniciativas que redunden en beneficio del territorio.

La Comisión Europea acaba de adoptar una serie de medidas de apoyo a los agricultores que se enfrentan a las olas de sequía en Europa. Se trata de las medidas ya conocidas por el sector, de aumento de los topes máximos para los anticipos de la PAC y de excepciones en determinados requisitos del “pago verde”.

Los agricultores europeos podrán recibir un mayor porcentaje de sus anticipos en concepto de pagos directos y pagos de desarrollo rural. Hasta el 70% de sus pagos directos y el 85% de los pagos de desarrollo rural estarán disponibles a partir de mediados de octubre para mejorar su flujo de caja. Como es sabido, tras la última revisión del Reglamento de Pagos Directos y Horizontal, los Estados miembro podrán iniciar el pago de los anticipos de la PAC a partir del día 16 de octubre.

El incremento del presupuesto de la Consejería de Agricultura en casi un 17% supone un buen punto de partida para desarrollar una política agraria andaluza que evite la pérdida de fondos europeos y complemente, con medidas reales, el respaldo que ofrece la Política Agraria Común (PAC) a los agricultores y ganaderos andaluces.

Tras el análisis detallado del presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Sostenibilidad para el ejercicio 2019, ASAJA-Andalucía se congratula no sólo del notable incremento presupuestario, sino también y muy especialmente, del cambio de filosofía en la gestión de estos fondos, puesto que como ASAJA-Andalucía venía demandando en los últimos años, comienza a contenerse el gasto corriente -reduce su presupuesto un 3,51%- y se priorizan las políticas activas, que son las que tienen capacidad de generar empleo y riqueza en la Andalucía rural.

Pese a que el territorio rural es eminentemente agrícola, sólo el 21% de los fondos que gestionan los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la provincia va destinado a los emprendedores del sector agroalimentario.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha publicado en su página web la resolución definitiva de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 para la modernización de explotaciones agrarias y ganaderas, por un importe que supera los 90,1 millones de euros. Esta cifra triplica la inicialmente prevista de 30 millones. Serán finalmente 2.372 los solicitantes que contarán con estos incentivos y que ahora disponen hasta el 18 de septiembre para aportar la aceptación expresa de la ayuda. Del total de adjudicatarios, 298 son entidades y 2.074 personas físicas.

ASAJA considera inaceptables las medidas propuestas por la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual que ha presentado la Comisión Europea (CE) y que implican un recorte del 5 % de cara al próximo presupuesto de la PAC y concretamente del 4 % en el capítulo de los pagos directos. A lo que se suma, según las primeras estimaciones, una reducción del 15% de los fondos destinados a la política de Desarrollo Rural, el Segundo Pilar de la PAC.

El director de ASAJA-Andalucía, Vicente Pérez, ha publicado una tribuna en Diario de Sevilla donde analiza la situación actual de las ayudas a la modernización de explotaciones, una de las líneas más atractivas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Como denuncia Vicente Pérez, pese a tratarse de una de las pocas herramientas con las que cuentan los  agricultores y ganaderos para realizar inversiones en mejoras de infraestructuras, en medios de producción y en tecnología, su resolución acumula ya un retraso injustificable.