La organización agraria recuerda a la ministra que 6 de cada 10 trabajadores del campo en España desarrollan su tarea en Andalucía, por lo que no puede despreciarse el peso que tiene el empleo agrario en esta comunidad

La reforma laboral, el nuevo incremento del salario mínimo y la propuesta de subida de las cotizaciones a los autónomos son medidas que pueden dar la puntilla al que hasta hace no mucho se consideraba un sector esencial de la economía andaluza

Nunca, hasta ahora, hemos vivido un momento tan desafiante para los agricultores. Mientras alimentan a una población en constante crecimiento, se han visto enfrentados a retos como el cambio climático, las limitaciones de las tierras cultivables y la creciente demanda de la sociedad por una producción más sostenible de los alimentos.

Además, la pandemia en estos últimos dos años ha generado una crisis mundial sin precedentes. La imposición progresiva de restricciones en la movilidad debida a la crítica situación sanitaria ha impactado fuertemente en la producción, el transporte y la distribución de productos agrícolas. Al mismo tiempo, con los hogares cada vez más preocupados por su suministro diario de alimentos, la importancia de un sistema alimentario confiable se ha vuelto aún más evidente.

Una vez más, el campo español se ha visto señalado por el Ministerio de Trabajo, en un nuevo intento por criminalizar a los agricultores. La Ministra y Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, acaba de anunciar un Plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para perseguir a aquellas empresas que no garanticen la seguridad de los trabajadores frente a posibles golpes de calor. ASAJA rechaza enérgicamente esta forma de proceder que refleja una completa desconfianza y un profundo desconocimiento del sector agrario, tal y como lo se ha dejado patente en la reunión celebrada esta mañana con los responsables de la Inspección de Trabajo.

El pasado 30 de marzo se publicó la Ley 2/2021 de 29 de marzo con nuevas medidas para la prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha Norma entró en vigor el 31 de marzo de 2021.

El pasado 30 de marzo se publicó la Ley 2/2021 de 29 de marzo con nuevas medidas para la prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha Norma entró en vigor el 31 de marzo de 2021.

El Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social está enviando miles de cartas dirigidas a los empresarios agrícolas, en forma de comunicación, recordándoles la normativa sobre los contratos temporales y su conversión a indefinidos. Según la Administración, esta campaña nacional tiene como objetivo regularizar aquellos contratos de trabajo que no se adecuan a la legalidad vigente y va dirigida a todos los colectivos empresariales, no exclusivamente al sector agrario.

El Gobierno de Andalucía y las organizaciones agrarias representadas en la Mesa de Interlocución (ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía) han acordado, con la adhesión de Interfresa, Coexphal, Ecohal y Freshuelva, emitir una declaración conjunta en defensa del sector agroalimentario andaluz y español tras conocerse los perjuicios que está ocasionando la publicación en los medios de comunicación de una instrucción interna dictada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España a la imagen de este sector productivo, así como las repercusiones que pueden conllevar la pérdida de confianza en nuestros productos en los mercados nacionales e internacionales.