Unos 120.000 trabajadores del campo sevillano están obligados a «fichar» y a dejar registro de su horario laboral desde el pasado 12 de mayo, cuando entró en vigor el Real Decreto-Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
Como publica la periodista Inma Lopera en ABC, el problema es que «los empresarios agrícolas, responsables del registro, no tienen criterios de actuación ni orientación alguna sobre cómo realizar ese control horario obligatorio, teniendo en cuenta las especificidades que conciernen al empleo agrario, donde gran parte de la actividad se desarrolla al aire libre y en entornos rurales, muchos sin conexión a internet ni cobertura, por lo que no es posible instalar un torno», critica el secretario general técnico de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín.
Esta situación está creando «una gran incertidumbre y mucho malestar en el sector», ya que las características especiales y excepcionales del empleo agrario, cuya actividad no dispone de un centro fijo de trabajo ni tampoco administrativo, en el que la climatología tiene una gran influencia en la jornada laboral y en la que se da una elevada rotación del personal contratado, nada tienen que ver con la actividad de otras empresas. Incluso dentro del mismo sector primario hay infinidad de subsectores que funcionan de manera particular, pues «la labor que realiza un tractorista, un ganadero de vacuno, un técnico agrícola o un capataz de explotación no se pueden comparar».
Adjuntamos el artículo completo de ABC.