Empezar la casa por el tejado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía en su mano aprobar medidas de carácter inmediato para mejorar la situación de asfixia que vive el campo, razón por la que, día sí y otro también, el sector agrario está saliendo a la calle desde hace algo más de un mes, como publica en ABC la periodista Inma Lopera.
Sin embargo, el primer paso dado por el ministro Planas para aplacar las protestas agrarias ha sido publicar el Real Decreto-Ley 5/2020 de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que incluye la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, metiendo al campo en un jardín que va a tener difícil salida. Al menos, a corto plazo. Así, con el objetivo de mejorar la rentabilidad de las explotaciones y lograr unos precios justos, la nueva norma introduce, como cláusula obligatoria en los contratos, la indicación expresa de que el precio pactado entre agricultores y ganaderos y su primer comprador cubre los costes de producción.
Pero, «¿cómo se calculan los costes de producción?», se pregunta el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín. A este respecto añade: «Cuando un mismo cultivo, como por ejemplo el olivar, tiene distintos costes de producción (en función de si hablamos de una plantación de olivos tradicional, intensiva o superintensiva), ¿qué cuantía habría que reflejar?».
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