No todo podía ser malo para el campo en 2023. Convulso por una PAC que castiga considerablemente al sector agro andaluz, este año también ha servido para corregir, aunque solo parcialmente, una gran injusticia que afectaba a los ganaderos de la región: el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), que ahora se ha reconvertido al Coeficiente de Subvencionabilidad de Pastos (CSP), menos lesivo que su antecesor, como publica en ABC la periodista Natalia Ortíz.
El CSP también es un coeficiente que determina el porcentaje de terreno considerado como pastable a efectos de la percepción de ayudas de la Política Agraria Común, descontando la parte improductiva. El antiguo CAP también excluía de las ayudas la parte no pastable, y lo hacía a partir de tres factores: la pendiente, penalizando aquellas fincas con más de un 60%; la actividad vegetativa, penalizando donde no haya vegetal y esté cubierto, por ejemplo, por piedras, y la estructura vegetativa, que medía las limitaciones de accesibilidad del ganado por el porcentaje de matorral y arbolado, con penalizaciones a partir del 25% de densidad, es decir, todo lo que estuviese debajo de los árboles quedaba descartado del superficie considerada productiva.
Este último factor ha sido siempre el más polémico. Desde ASAJA-Sevilla siempre se han mostrado especialmente beligerantes en este asunto. De hecho, la organización agraria convocó en 2015 la única manifestación para protestar contra un coeficiente que, desde el principio, consideraron «injusto y que no reflejaba la realidad del campo».
