Con la entrada en vigor el pasado 1 de enero del Real Decreto-ley 13/2022 de 26 de julio de 2022, se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) que reforma el sistema de cotización introduciendo cambios relacionados con la gestión, comunicación, cotización y regulación.

Este nuevo sistema de cotización para los autónomos que se implantará de manera progresiva, iniciándose en 2023 y finalizando en 2031, está basado en los rendimientos netos anuales obtenidos en el ejercicio de todas sus actividades económicas, empresariales o profesionales.

La nueva Política Agraria Común, que se aplicará a través del Plan Estratégico, ha traído tantos cambios normativos que, como publica la periodista Nataliza Ortiz en ABC, las organizaciones y los agricultores aún están asimilándolos. «Está siendo difícil de digerir»,  reconoce Antonio Caro, coordinador de los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla, que hace una advertencia: el 1 de marzo, fecha en la que empieza el plazo de solicitud única de ayudas de la PAC, está a la vuelta de la esquina, y antes de esa fecha «es recomendable tener claros los conceptos clave» para poder hacer cambios, si fuese necesario,  en los planes de cultivo.

En los últimos días del mes de diciembre se publicaron una gran cantidad de normas que contenían medidas tributarias de interés para nuestro sector, concretamente 5 leyes y un Real Decreto: Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (BOE 22/12/2022); la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas (BOE 24/12/2022); la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (BOE 24/12/2022); la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias (BOE 28/12/2022); el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad (BOE 28/12/2022), y la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023 (BOJA 30/12/2022).

El año 2023 ha llegado cargado de novedades fiscales para el sector agrario. Como publica la periodista Natalia Ortíz en ABC, muchas de estas novedades todavía están rodeadas de dudas, y otras, sin margen para estudiarlas antes de tener que aplicarlas. También hay algunos beneficios que merece la pena conocer a la hora de enfrentarse a la carga administrativa  que conlieva, sin remedio, cualquier actividad económica y, por ende, la agraria.

ASAJA-Sevilla ya tiene planificados sus cursos de formación agraria con los que estrenar su nueva programación para el primer cuatrimestre del año. La oferta formativa incluye cursos tanto en modalidad presencial como online, a través de la plataforma digital de ASAJA-Sevilla.

Se trata de cursos bonificados dirigidos a trabajadores por cuenta ajena en activo de empresas agrarias y que dispongan de crédito para la formación de la Seguridad Social, si bien podrán participar particulares que no reúnan los requisitos de bonificación.

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, presentado en el Congreso de los Diputados el pasado jueves, 6 de octubre, el Gobierno de Pedro Sánchez solamente ha incrementado un 0,3 por ciento la partida destinada al MAPA, lo que supone 23 millones de euros más con respecto a 2022, pasando de 8.845 a 8.868 millones. Este ridículo incremento, teniendo en cuenta la gravísima situación que atraviesa el sector agrario español, contrasta con las considerables subidas en el presupuesto de ministerios como Derechos Sociales y Agenda 2030; Igualdad; Cultura y Deporte, etc.