¿Sabes cuáles son las novedades fiscales para este 2023?
En los últimos días del mes de diciembre se publicaron una gran cantidad de normas que contenían medidas tributarias de interés para nuestro sector, concretamente 5 leyes y un Real Decreto: Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (BOE 22/12/2022); la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas (BOE 24/12/2022); la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (BOE 24/12/2022); la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias (BOE 28/12/2022); el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad (BOE 28/12/2022), y la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023 (BOJA 30/12/2022).
ASAJA-Sevilla se congratula por la modificación de la Ley de Residuos que prohibía la quema de restos agrícolas y forestales
Una enmienda transaccional votada por mayoría en el Congreso de los Diputados suprime el apartado que prohibía la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario y silvícola
El artículo de la Ley que ahora se reforma, redactado sin debate previo, sin el asesoramiento de expertos y contra toda lógica agronómica y medioambiental, ponía contra las cuerdas al mundo rural en toda España, pues la quema controlada es -cuando no el único- el mejor método para incorporar al suelo los residuos agrícolas y forestales generados tras las recolecciones y las podas
El Gobierno incluye de nuevo la doble potencia eléctrica en una Ley, ¿será esta vez la definitiva?
Por tercera vez el Gobierno de España incluye entre las medias de acompañamiento de una Ley la posibilidad de contratar la doble potencia eléctrica para los regadíos. Lo hizo ya en 2018 en la Ley de Sequía, volvió a hacerlo el año pasado al incorporar esta posibilidad en la Ley de Presupuestos de 2021 y en ninguna de estas dos ocasiones se desarrolló esta medida, que se incluye ahora de nuevo en la Ley de la Cadena Alimentaria. ¿La desarrollará esta vez el Gobierno? ¿Pondrá de una vez en marcha esta posibilidad para reducir el coste energético que sufren los regantes o nos seguirá tomando el pelo?
Conoce las nuevas medidas urgentes establecidas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
El pasado 30 de marzo se publicó la Ley 2/2021 de 29 de marzo con nuevas medidas para la prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha Norma entró en vigor el 31 de marzo de 2021.
Conoce las nuevas medidas urgentes establecidas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
El pasado 30 de marzo se publicó la Ley 2/2021 de 29 de marzo con nuevas medidas para la prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha Norma entró en vigor el 31 de marzo de 2021.
El controlador de la cadena alimentaria rinde cuentas
España cuenta desde 2013 con una Ley de la Cadena Alimentaria que fue pionera en Europa pero que, por desgracia, se ha quedado muy lejos de lograr los necesarios y ambiciosos objetivos con los que se planteó. Del cumplimiento cabal de la citada Ley son responsables diversos organismos de la Administración central y periférica, si bien, hay uno que por su idiosincrasia tiene un papel fundamental. Se trata de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que es el principal garante del correcto cumplimiento de dicha norma.
Caminos públicos: Un proyecto de ley sin consenso y poco preciso
El Consejo de Gobierno andaluz manifestó el pasado martes su criterio favorable a la proposición de Ley de Caminos Públicos Rurales, impulsada por el grupo socialista junto con el grupo parlamentario de Podemos Andalucía. Según el Ejecutivo andaluz, el objetivo de dicha Ley es cubrir el vacío normativo en relación a los caminos públicos rurales andaluces, que suman una red de más de 60.000 kilómetros.
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