La agricultura sigue siendo un sector estratégico para la economía y la cohesión social de España, aunque a menudo pase desapercibido en los grandes debates fiscales. Alimentación, equilibrio territorial, sostenibilidad medioambiental y soberanía alimentaria dependen en buena medida de la viabilidad económica de las explotaciones agrarias. En este contexto se publica La tributación simplificada de los agricultores, del jurista y asesor fiscal, Daniel Martín Moreno, una obra que invita a repensar uno de los regímenes más discutidos del sistema tributario español: la estimación objetiva del IRPF, más conocida como los módulos agrarios.

El pasado 30 de abril se publicó en el BOE una nueva Orden con reducciones para los módulos fiscales del sector agrario. Para ASAJA-Sevilla dicha norma resulta insuficiente, ya que limita la reducción a muy pocos términos municipales y deja fuera otros sectores agrícolas y gran parte de la ganadería extensiva (puedes leer la noticia en este enlace).

La Orden los índices de rendimiento neto publicada hoy en el BOE es insuficiente, puesto que aunque contempla los daños y las pérdidas sufridas por los productores sevillanos de arroz, algodón, olivar y girasol, reduce los daños a unos pocos términos, y deja directamente fuera a todo el sector vacuno, que como consecuencia de diversas enfermedades animales, ha sufrido bajas que han provocado una reducción notable de la cabaña.

En el apartado Tierra y Vida de esta página web ya tienes a tu disposición el número 472 de nuestra revista, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo.

Tras la publicación el pasado 19 de abril de 2024 de la Orden que establecía reducciones específicas para los módulos de IRPF de determinadas actividades agrarias para el periodo impositivo 2023, desde ASAJA-Sevilla detectamos para la provincia de Sevilla dos cuestiones que obedecían a errores materiales involuntarios.

 Ejercicio 2023

El Real Decreto 4/2023 contempla la exención del IBI de naturaleza rústica a favor de los bienes inmuebles que sean propiedad de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, siempre que hayan sufrido en el ejercicio 2023 una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 30 % con respecto a la media de los últimos tres años (20% en zonas con limitaciones naturales).

Tras el cierre en falso de la crisis del campo que supuso la firma precipitada y extemporánea del Ministerio de Agricultura con las organizaciones agrarias minoritarias (UPA y UdeU), ASAJA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias de España han ofrecido hoy una rueda de prensa conjunta para pedir, en unidad de acción, soluciones concretas para el campo español.