La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en funciones, Carmen Crespo ha defendido este lunes en Madrid en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios el “aplazamiento inmediato” de la entrada en vigor de los ecoesquemas de la Política Agraria Común (PAC). Crespo ha reiterado, en declaraciones previas al comienzo de la reunión, que tal y como los ha propuesto el Gobierno de España “suponen un gasto más, y no un incentivo para nuestros agricultores y ganaderos”. Además, ha insistido en que “el modelo propuesto no se adapta a la realidad agraria de Andalucía y provocará un importante impacto socioeconómico”, a la par que ha lamentado que “seguimos esperando los estudios de impacto del Ministerio”.

La que se presentaba como la conferencia sectorial definitiva, en la que las comunidades autónomas y el Ministerio debatirían sobre el diseño final del Plan Estratégico de la PAC y se daría luz al principal escollo de la nueva reforma, el capítulo de los ecoesquemas, ha acabado finalmente en nada. Como publica la periodista Inma Lopera en ABC, ni hubo debate como tal (informar no es lo mismo que debatir), ni novedad alguna en los ecoesquemas.

El sector agrario andaluz, representado por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, muestra su decepción, desesperación y enfado tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Agricultura, en la que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dejado claro que las demandas de los agricultores y ganaderos andaluces no tienen cabida en su plan para la PAC.

Lejos de abrir la puerta al consenso, Planas ha dado una patada hacia adelante y anunció ayer que el borrador del Plan Estratégico se someterá a un proceso de consulta pública a finales de noviembre, cuando el documento no está consensuado y es rechazado por Andalucía, entre otras regiones. El ministro desoye de nuevo a los productores andaluces y declina incorporar medidas que puedan paliar el grave perjuicio que su propuesta de Plan Estratégico para la aplicación de la PAC va a generar en Andalucía, con pérdidas de hasta 180 millones de euros anuales. Es decir, si no se modifica la propuesta, la comunidad podría perder hasta 900 millones entre 2023 y 2027. Por ello, para las organizaciones agrarias y cooperativas, la consulta pública es una artimaña para justificar que se han ignorado las propuestas que se han hecho en las mesas de negociación, dando la espalda al sector agrario y pretendiendo otorgar un valor democrático a una propuesta que no lo tiene.

En un plazo máximo de tres semanas, el Ministerio de Agricultura volverá a sentarse con las comunidades autónomas en el seno de una nueva Conferencia Sectorial, con objeto de debatir el borrador final del Plan Estratégico que determinará la aplicación nacional de la nueva Política Agraria Común (PAC) a partir de 2023. Un documento, como publica la periodista Inma Lopera en ABC,  cuyas últimas versiones ha vuelto a poner en alerta al campo andaluz, que entra en el tiempo de descuento para intentar dar la vuelta a un Plan Estratégico que, de aprobarse según el último borrador conocido, podría suponer «pérdidas de más de 100 millones de euros anuales durante el periodo 2023-2027 para los agricultores y ganaderos andaluces», critica el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín.

El sector agrario andaluz, representado por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, reconoce que la unidad de acción de las cuatro organizaciones y con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha permitido que se respeten las tesis andaluzas en el planteamiento político nacional de la Política Agraria Común (PAC) que se alcanzó ayer en la Conferencia Sectorial celebrada entre el Ministerio de Agricultura y las 17 comunidades autónomas; y espera que esto se traduzca en resultados concretos que no perjudiquen al sector agrario andaluz.