El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha destacado que las comunidades autónomas valoran «positivamente» la aprobación «de un paquete potente de medidas de ayuda al sector agrario y ganadero para hacer frente a las dificultades derivadas de la guerra en Ucrania», aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de marzo.
Sin embargo, como publica la periodista Inma Lopera en ABC, no es el caso de Andalucía, que si bien es cierto que recibe con los brazos abiertos la llegada de ayudas al sector, reprueba el contenido y la cuantía de las mismas, e incluso considera que el reparto de fondos que hace el Ministerio (como en el paquete lácteo) es perjudicial para las explotaciones andaluzas.
Cabe recordar que las medidas del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (publicadas en el Real Decreto-ley 6/2022) incluye una cuantía de 430 millones de euros para el sector primario, de los que 193,47 millones son para el sector agrario y ganadero, 169 millones de euros para el sector productor de leche y 68,18 millones para la pesca.
Del presupuesto para el sector agrario y ganadero (193,47 millones de euros), «lo primero que hay que aclarar es que un tercio de esa cuantía (64,5 millones de euros) sale del propio bolsillo de los agricultores y ganaderos», enfatiza el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín. En este sentido, explica que, por primera vez, Bruselas ha activado la reserva de crisis, una herramienta que siempre ha contado con la negativa de los agricultores europeos --representados en el Copa-Cogeca--, ya que «se nutre de la deducción de un porcentaje de los pagos del Primer Pilar de la PAC, que cada año se le quita a los agricultores y ganaderos, y si no se usa (como había pasado hasta ahora) se devolvía a los beneficiarios de la PAC».
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